OPEN alerta a sus talleres del peligro de usar equipamiento de diagnosis ilegales

A raíz de la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal, el uso de software ilegal, delito contra la propiedad industrial e intelectual, es castigado con penas de prisión de cuatro años, para el delito básico, pudiendo llegar hasta seis años, si se dan circunstancias agravantes.

Quien explote económicamente, en todo o en parte, una obra intelectual, con el ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, será castigado. Encuadrando en este caso los talleres que usen equipos de hardware y software falsificados.

Asimismo, la utilización de estos equipos es un delito del que va a responder personalmente, según la última reforma del Código Penal, el administrador de hecho o derecho de la persona jurídica o el que actúe en nombre o representación legal o voluntaria de ésta.

Cómo conocer el producto legal

1.- Conocer quién vende el producto para conocer si es un distribuidor autorizado

2.- Buscar información sobre el producto y sus características a las fuentes del producto

3.- Dudar de precios bajos en comparación con el resto de ofertas del mismo producto

Ventajas y consecuencias del uso de equipamiento original

• Ayuda al desarrollo, innovación y mejora del producto. Éste puede ser mermado por el uso de copias ilegales, dejando inoperante la actividad de las empresas que desarrollan estos equipos, lo que supondría que sólo podríamos disponer de la información de los vehículos a través de los fabricantes de los mismos, lo que perjudicaría a los talleres independientes gravemente.

• La calidad del producto exigido al fabricante de estos equipos hace que sea garantizado para su correcto uso, evitando daños o riesgos para el consumidor. Al usar equipos piratas se reduce la calidad del producto, aumentando el riesgo de manipulación del trabajo que deba realizar dicho elemento.

• El taller es responsable ante la ley del uso y/o distribución de estos equipos ilegales. Cualquiera que sea su beneficio económico, directo o indirecto, responderá el administrador del taller por cometer un delito contra la propiedad intelectual y/o industrial, castigado con una pena de cuatro a seis años de prisión.

• La última de las consecuencias es el daño a la imagen que hace el uso de equipos de diagnosis falsificados en un sector ya mermado por la gran cantidad de talleres ilegales que existen.