¿En qué me afectan los talleres ilegales?

Repercusiones en materia de seguridad vial, ausencia de garantías legales o imposibilidad de llevar a cabo reclamaciones al no existir factura son sólo algunas de las consecuencias derivadas de realizar las pertinentes reparaciones y revisiones de vehículos en talleres de reparación clandestinos, según denuncia CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines) en su nueva sección web .

Un modelo de negocio fraudulento e inseguro que, sin embargo, atrae a muchos consumidores deseosos de ahorrarse parte del coste de las reparaciones y que, en la mayoría de los casos, desconocen los riesgos que conlleva esta práctica, penada por ley.

"Que los talleres ilegales dañan al sector de la reparación es algo que todo el mundo sabe, pero lo que ya no es tan conocido es el hecho de que conductores y resto de usuarios de las carreteras también son afectados gravemente por estos talleres, y ya no estamos hablando únicamente de economía sumergida, estamos hablando de algo tan crítico como es la seguridad vial", aseguró Mª Carmen Antúnez, presidenta de la confederación. "En la nueva sección damos respuesta a preguntas como ‘¿Qué es un taller ilegal?’, ¿Qué consecuencias tiene para la seguridad vial?’ o ‘¿Cómo identifico un taller ilegal?’, entre otras”, declaró la presidenta.

Desde CETRAA se pretende concienciar directamente a los conductores de algo sobre lo que la Confederación viene insistiendo desde hace tiempo. Realizar las reparaciones únicamente en talleres legalmente establecidos es de suma importancia, ya que sólo los establecimientos legales, que cumplen todas las normativas y poseen las debidas licencias, pueden garantizar la correcta manipulación del vehículo, lo que redunda en una mayor seguridad vial al reducir el riesgo de accidentes. Los talleres legales poseen la maquinaria necesaria y las herramientas adecuadas para realizar las reparaciones.

Además, sus empleados reciben formación continua, algo esencial ya que, con la creciente complejidad de los vehículos, los mecánicos quedan desactualizados en poco tiempo si no reciben estos cursos, a los que sólo los trabajadores de talleres legales pueden acceder.

Igualmente, sólo los talleres legalmente establecidos tienen acceso a la información técnica del vehículo, es decir, a las directrices establecidas por el fabricante que garantizan la correcta manipulación y reparación del vehículo minimizando riesgos, garantizando un óptimo funcionamiento y alargando su vida útil. Además, estos establecimientos utilizan únicamente piezas homologadas y recambios cuya trazabilidad está asegurada o, lo que es lo mismo, utilizan exactamente la pieza requerida para cada modelo de coche, con todas las garantías del fabricante del recambio. Lejos de ocurrir esto en un taller ilegal, los recambios instalados pueden tener procedencias muy variadas (desguaces, segunda mano, etc.) sin saberlo el dueño del vehículo.

Práctica fraudulenta penada por ley

Por si no fueran suficientes motivos para evitar los talleres ilegales, contratar sus servicios es una práctica penada por la ley, porque no sólo no cumplen ninguna normativa en seguridad laboral o gestión medioambiental, sino que además defraudan al erario público al no emitir factura.

Asimismo, atentan contra los derechos y garantías de los conductores, imposibilitándoles el derecho a reclamar ante reparaciones defectuosas al no existir factura, lo que puede redundar en costes aún más elevados para ellos.

La colaboración ciudadana, fundamental

Desde el inicio de la crisis esta situación ha ido en aumento. No en vano, CETRAA calcula que un 20% del total de talleres actualmente en activo en nuestro país opera sin las debidas licencias. Una forma sencilla y efectiva de diferenciar un taller ilegal de otro reglamentario es que éste último cuenta con una placa identificativa ubicada en un lugar visible de la fachada.

Ante esta situación CETRAA puso en marcha en 2014 una Sala de Denuncia donde los ciudadanos pueden denunciar anónimamente actividades ilegales, fraudulentas o antiecológicas. Una colaboración ciudadana esencial para permitir la detección y denuncia de actividades ilegales y mantener la profesionalidad y garantía del sector.